hace referencia a la cualidad de acceso sencillo para que cualquier persona (incluso aquellas que tengan limitaciones en la movilidad, los sentidos, la comunicación y/o entendimiento) pueda llegar y/o acceder a un lugar, objeto, bien, servicio, información o comunicación con otras personas. Téngase presente que la accesibilidad es uno de principios rectores de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.*

Esta perspectiva parte del principio de que la existencia de barreras sociales impone limitaciones para el desarrollo y participación plenas de las personas, especialmente en el caso de personas con discapacidad. En esta línea, hablamos de accesibilidad universal como aquella condición previa para el ejercicio de derechos y que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas, dispositivos y la comunicación, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

[*] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 3 y 9.

hace referencia al conjunto de estrategias concretas y ajustes procedimentales que tengan como resultado permitirle a todas las personas el ejercicio real, efectivo y en igualdad de condiciones, de sus derechos ante órganos judiciales sin ningún tipo de discriminación (ya sea por edad, nivel de alfabetización, situación socio-económica, nacionalidad, condición psico-física, lengua, etc.).*

[*] Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 13.

alude a la obligación de los Estados Parte de adoptar disposiciones de derecho interno de acuerdo a los derechos y garantías establecidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Refiere al compromiso asumido en virtud del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos según el cual “si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

de acuerdo a lo establecido en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993) “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.*

Este fragmento permite caracterizar a los derechos humanos de acuerdo a los siguientes aspectos:

• inherentes a los seres humanos (cada persona es titular de estos derechos, sin depender de ningún tipo de reconocimiento);
• universales (no pueden invocarse diferencias culturales, sociales, políticas ni de ningún otra índole como excusa para su desconocimiento, violación o aplicación parcial);
• intransferibles, irrenunciables e inalienables;
• incondicionales y obligatorios;
• inviolables (ninguna autoridad puede legítimamente atentar, lesionar o destruir los derechos humanos);
• imprescriptibles, acumulativos y progresivos (no prescriben, no caducan y no se pueden perder); e
• integrales, interdependientes, indivisibles y complementarios (la vigencia de unos es condición para la plena realización de los otros, de forma tal que la violación o desconocimiento de alguno de ellos implica poner en riesgo el ejercicio de otros derechos).

[*] Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993), Declaración y Programa de Acción de Viena, punto 5.

hace referencia a la obligación de todos los miembros del poder Judicial, y también del poder Ejecutivo y Legislativo en todos sus niveles, de velar para que los efectos de las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, teniendo en cuenta no solamente el articulado de los distintos tratados sino también la interpretación que de estos han hecho los órganos con competencia última en cada materia (Órganos de tratado y Corte Interamericana, entre otros).* 

[*] Corte IDH: Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile (2006); Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú (2006); Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México (2010); Caso Fontevecchia y D`Amico vs. Argentina (2011); Caso Gelman vs. Uruguay (2011); Caso Furlan vs. Argentina (2012), entre otros.

comprende el conjunto de derechos que tienen a un mismo tiempo una dimensión individual y colectiva; conciernen tanto a la persona humana así como a colectividades humanas, ya que su resolución afecta a conjuntos específicos de la sociedad (o en algunos casos, a la humanidad en su conjunto), por lo cual llevan intrínsecamente el valor de la co-responsabilidad. En este grupo incluimos el derecho al medio ambiente sano, a la independencia económica y política, a la paz, al desarrollo, entre otros.

repertorio abierto de libertades y derechos inherentes a cada uno de los seres humanos sobre la base de su igualdad y dignidad personal y social. Este conjunto de libertades y derechos apunta a garantizar y satisfacer condiciones indispensables para el desarrollo de una vida digna, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.* 

[*] Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 2.

se considera “desaparición forzada” a la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.* 

[*] Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, art 2.

de acuerdo a lo establecido por el decreto N° 1086/2005, se entiende como práctica social discriminatoria a cualesquiera de las siguientes acciones:

a) crear y/o colaborar en la difusión de estereotipos de cualquier grupo humano por características reales o imaginarias, sean éstas del tipo que fueren, sean éstas positivas o negativas y se vinculen a características innatas o adquiridas;

b) hostigar, maltratar, aislar, agredir, segregar, excluir y/o marginar a cualquier miembro de un grupo humano del tipo que fuere por su carácter de miembro de dicho grupo;

c) establecer cualquier distinción legal, económica, laboral, de libertad de movimiento o acceso a determinados ámbitos o en la prestación de servicios sanitarios y/o educativos a un miembro de un grupo humano del tipo que fuere, con el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o libertades fundamentales.

se trata de un proceso dirigido por los Estados en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ofrece a cada uno de ellos y cada cinco años la oportunidad de informar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia.

El EPU es uno de los elementos clave del Consejo. El objetivo final de este mecanismo es mejorar la situación de derechos humanos en todos los países y abordar las violaciones de los derechos humanos dondequiera que se produzcan.*

[*] Para mayor información ver: http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

hace referencia a la justiciabilidad e implica la defensa de los derechos humanos ante tribunales y órganos jurisdiccionales. Por otra parte, la exigibilidad política se da a través de la incidencia en políticas públicas y programas gubernamentales, en materia de impulso de leyes, reformas de las mismas y movilizaciones sociales.

es el reconocimiento de la condición humana, más allá de la etnia, la religión, el color, el sexo, el género y otras características sociales y culturales. Por este principo, se considera a todas las personas en igualdad de condiciones en términos de libertades, derechos, garantías, obligaciones y oportunidades.

El artículo 16 de la Constitución Nacional establece la igualdad de todos los habitantes de la Nación Argentina, no admitiendo ningún tipo de discriminación*  (o igualdad formal), y el artículo 75, inciso 23, refiere a las acciones que debe realizar el Estado para promover y garantizar la igualdad real de oportunidades (o igualdad material). Este último, hace referencia a medidas de acción positiva que el Estado debe llevar a cabo en particular respecto de los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad y las mujeres, en otros.

[*] El art. 16 de la Constitución Nacional establece que “la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley (…)”.

véase Características de los derechos humanos.

véase Características de los derechos humanos.

hace referencia a la obligación que recae en los Estados de resguardar los derechos de las personas o grupos de personas de toda violación de los derechos humanos, incluyendo el evitar que las acciones de terceros (empresas, grupos de interés y actores no estatales) interfieran en las posibilidades de todas las personas de disfrutar distintos derechos.

significa organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Históricamente ligada a las obligaciones de hacer, obligaciones positivas. Incluye la obligación de remover todos los obstáculos para el ejercicio y goce de los derechos humanos.

da cuenta de los compromisos asumidos por el Estado al momento de la firma y ratificación de un instrumento de protección de los derechos humanos en sentido de abstenerse de interferir, por acción u omisión, en el disfrute del derecho. Históricamente relacionado con las obligaciones negativas, de no hacer.

hace referencia al principio según el cual toda convención debe ser cumplida de buena fe por las partes, y que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.*

[*] Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), art. 26 y 27, disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/www/wipolex/es/glossary/vienna-convention-es.pdf y Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (1986), art. 26, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/183/norma.htm

véase Características de los derechos humanos.

cuando un sujeto de Derecho Internacional viola una obligación internacional, sin importar la fuente de dicha obligación, se genera responsabilidad internacional. El Estado que incurre en responsabilidad internacional queda sujeto a una serie de consecuencias jurídicas: no cesa el deber de cumplir con la obligación violada y debe poner fin a la conducta infractora, si esta continúa, y a ofrecer garantías de que no se repetirá.

Adicionalmente, el Estado está obligado a reparar el perjucio causado. En materia de derechos humanos, la responsabilidad internacional sobreviene en los casos de violación a los derechos consagrados en los diversos instrumentos internacionales de protección, sea por acción o por omisión.

hace referencia al conjunto de mecanismos institucionales creados por la Organización de las Naciones Unidas y por los sistemas regionales de derechos humanos (interamericano, europeo y africano) para la protección de los principios de paz, justicia, libertad y derechos humanos.

Por ejemplo, el Sistema Interamericano se basa en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus mecanismos de protección (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Relatorías) permiten hacer una evaluación concreta en relación con los casos particulares de violaciones a derechos humanos en los Estados miembros (peticiones), así como orientaciones sobre cómo deben interpretarse los derechos contenidos en los instrumentos que rigen en el sistema (opiniones consultivas) e incluso un seguimiento sobre el estado de situación regional en materia de derechos humanos (informes y relatorías).

hace referencia al uso sistemático, por parte del gobierno de un Estado, de la violencia para el amedrentamiento de la población en general y la eliminación de los adversarios políticos, a través de diversos mecanismos represivos, como instrumentos de disciplinamiento social y político, llegando a recurrir a complejos y altamente sofisticados recursos del Estado moderno para ocasionar asesinatos masivos.

comprende todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas.*

[*] Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, art. 1.

hace referencia a la obligación de los Estados de garantizar las condiciones para que toda la población disfrute de los derechos humanos, estableciendo un marco normativo y de política que garantice el acceso a ellos sobre la base de los principios de igualdad y no discriminación.

comprende la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados más arriba.*

[*] Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, art. 3. Las leyes nacionales que regulan, tipifican el delito e incorporan acciones contra la trata de personas son las leyes N° 26.364 y su modificatoria N° 26.842.

de acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 se entiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado por escrito entre los Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.

Sin embargo, los tratados internacionales de derechos humanos no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes.

véase Características de los derechos humanos.

da cuenta de un hecho (o conjunto de hechos o situaciones) que redunda, por acción u omisión, en la vulneración de derechos consagrados en un instrumento internacional de derechos humanos y donde existe responsabilidad del Estado.

Es únicamente el Estado quien está obligado a respetar y garantizar la vigencia de los derechos humanos y, en tal sentido, es el único que puede violarlos. Los agentes públicos, funcionarios y funcionarias y autoridades públicas, son quienes tienen la responsabilidad concreta de respetar, garantizar, proteger y velar por el real cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales y las acciones que ellos desarrollan, pueden llegar a vulnerar los derechos humanos y por ende los compromisos internacionales asumidos por el Estado.

en el marco del sistema de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas, los órganos creados en virtud de tratados son comités de expertos independientes que han recibido un mandato para supervisar la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos. Cada Estado Parte en un tratado tiene la obligación de adoptar medidas para velar por que todas las personas de ese Estado puedan disfrutar de los derechos estipulados en el tratado.