alude a la obligación de los Estados Parte de adoptar disposiciones de derecho interno de acuerdo a los derechos y garantías establecidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Refiere al compromiso asumido en virtud del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos según el cual “si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.