significa organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Históricamente ligada a las obligaciones de hacer, obligaciones positivas. Incluye la obligación de remover todos los obstáculos para el ejercicio y goce de los derechos humanos.