hace referencia a la justiciabilidad e implica la defensa de los derechos humanos ante tribunales y órganos jurisdiccionales. Por otra parte, la exigibilidad política se da a través de la incidencia en políticas públicas y programas gubernamentales, en materia de impulso de leyes, reformas de las mismas y movilizaciones sociales.

es el reconocimiento de la condición humana, más allá de la etnia, la religión, el color, el sexo y otras características sociales y culturales. Por este principo, se considera a todas las personas en igualdad de condiciones en términos de libertades, derechos, garantías, obligaciones y oportunidades.

El artículo 16 de la Constitución Nacional establece la igualdad de todos los habitantes de la Nación Argentina, no admitiendo ningún tipo de discriminación*  (o igualdad formal), y el artículo 75, inciso 23, refiere a las acciones que debe realizar el Estado para promover y garantizar la igualdad real de oportunidades (o igualdad material). Este último, hace referencia a medidas de acción positiva que el Estado debe llevar a cabo en particular respecto de los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad y las mujeres, en otros.

[*] El art. 16 de la Constitución Nacional establece que “la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley (…)”.

véase Características de los derechos humanos.

véase Características de los derechos humanos.

hace referencia a la obligación que recae en los Estados de resguardar los derechos de las personas o grupos de personas de toda violación de los derechos humanos, incluyendo el evitar que las acciones de terceros (empresas, grupos de interés y actores no estatales) interfieran en las posibilidades de todas las personas de disfrutar distintos derechos.

da cuenta de los compromisos asumidos por el Estado al momento de la firma y ratificación de un instrumento de protección de los derechos humanos en sentido de abstenerse de interferir, por acción u omisión, en el disfrute del derecho. Históricamente relacionado con las obligaciones negativas, de no hacer.

hace referencia al principio según el cual toda convención debe ser cumplida de buena fe por las partes, y que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.*

[*] Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), art. 26 y 27, disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/www/wipolex/es/glossary/vienna-convention-es.pdf y Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (1986), art. 26, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/183/norma.htm

véase Características de los derechos humanos.

cuando un sujeto de Derecho Internacional viola una obligación internacional, sin importar la fuente de dicha obligación, se genera responsabilidad internacional. El Estado que incurre en responsabilidad internacional queda sujeto a una serie de consecuencias jurídicas: no cesa el deber de cumplir con la obligación violada y debe poner fin a la conducta infractora, si esta continúa, y a ofrecer garantías de que no se repetirá.

Adicionalmente, el Estado está obligado a reparar el perjucio causado. En materia de derechos humanos, la responsabilidad internacional sobreviene en los casos de violación a los derechos consagrados en los diversos instrumentos internacionales de protección, sea por acción o por omisión.

hace referencia al conjunto de mecanismos institucionales creados por la Organización de las Naciones Unidas y por los sistemas regionales de derechos humanos (interamericano, europeo y africano) para la protección de los principios de paz, justicia, libertad y derechos humanos.

Por ejemplo, el Sistema Interamericano se basa en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus mecanismos de protección (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Relatorías) permiten hacer una evaluación concreta en relación con los casos particulares de violaciones a derechos humanos en los Estados miembros (peticiones), así como orientaciones sobre cómo deben interpretarse los derechos contenidos en los instrumentos que rigen en el sistema (opiniones consultivas) e incluso un seguimiento sobre el estado de situación regional en materia de derechos humanos (informes y relatorías).